Segunda República Los lamentables problemas de Joan Cullà ¿Fue lamentable el derrocamiento de la autocracia zarista? ¿Fue lamentable que el régimen soviético construyera numerosas escuelas? ¿Fue lamentable que –según decía– dicho régimen acabase con la "explotación capitalista"?
Segunda República
Los lamentables problemas de Joan Cullà
Pío Moa
¿Fue lamentable el derrocamiento de la autocracia zarista? ¿Fue lamentable que el régimen soviético construyera numerosas escuelas? ¿Fue lamentable que –según decía– dicho régimen acabase con la "explotación capitalista"?
http://www.libertaddigital.com/./opiniones/opi_desa_32530.html
El señor Joan Cullà, historiador, según dice, siente entusiasmo por la República, y le molesta muchísimo que Josep Piqué la haya calificado de etapa muy lamentable (¡alguna vez habría de acertar el señor Piqué!). El señor Cullà es, además, un optimista desbocado sobre sus propias cualidades como argumentador pues, asegura, "la réplica es fácil: ¿fue lamentable la concesión a Cataluña del Estatuto de Autonomía de 1932? ¿Fue lamentable que, en el bienio 1931-33, aquella República tan nefasta construyese más escuelas que la monarquía alfonsina durante las tres décadas anteriores? ¿Fue lamentable dar el voto a las mujeres, intentar la despolitización del ejército, la secularización del Estado, la reforma agraria?"
¡Y tan fácil es la réplica, facilona más bien, por no decir pueril! Así argumenta un Segunda República
Los lamentables problemas de Joan Cullà
Pío Moa
¿Fue lamentable el derrocamiento de la autocracia zarista? ¿Fue lamentable que el régimen soviético construyera numerosas escuelas? ¿Fue lamentable que –según decía– dicho régimen acabase con la "explotación capitalista"? profesor universitario, nada menos, en el El País. A ver qué le parecen estos otros argumentos al señor Cullà: "¿Fue lamentable el derrocamiento de la autocracia zarista? ¿Fue lamentable que el régimen soviético construyera numerosas escuelas? ¿Fue lamentable que –según decía– dicho régimen acabase con la "explotación capitalista"?" Y así sucesivamente. O, ya más próximos: "¿Fue lamentable que el franquismo instituyese la seguridad social? ¿Fue lamentable que redujese el analfabetismo a porcentajes marginales? ¿Fue lamentable que redujese la población penal a mínimos históricos? ¿Fue lamentable que, al llegar las amnistías de la transición, los presos políticos fueran casi exclusivamente antidemócratas (comunistas y terroristas)? ¿Fue lamentable que elevara el nivel de renta de los españoles con más rapidez que nunca antes o después?"
Y concretando los problemas del señor Cullà: el estatuto de autonomía fue lamentable en cuanto que no resolvió el conflicto creado por los nacionalistas, pues éstos lo vieron sólo como una etapa en un horizonte cada vez más secesionista; y en cuanto que, por ello, lo conculcaron y utilizaron fraudulentamente para preparar una auténtica guerra civil ya en 1934. Por no hablar de lo que hicieron a partir de julio del 36. Lamentable, en efecto.
¿Fue lamentable la construcción de escuelas en la república? No, claro, pero conviene rebajar las cifras de la propaganda a las cifras reales; y resultó muy lamentable que, con pretextos demagógicos, lo poco que se adelantó entonces se echara a perder con la persecución a la enseñanza católica y la liquidación de centros muy prestigiosos, entre ellos lo único parecido a una facultad de ciencias económicas que había en España. Y también debe lamentarse que esa construcción de escuelas fuera acompañada de la quema de otros centros de enseñanza, de importantes bibliotecas, etc. Y es lamentable que el señor Cullà mencione sólo del primer bienio, olvidando que los presupuestos de enseñanza, nunca muy altos, aumentaron en el segundo bienio.
¿Y qué decir del voto de las mujeres? Buena parte de la izquierda lo consideró muy lamentable, como es sabido, e incluso se opuso a él con el poderoso argumento
"democrático" de que las mujeres votarían mayoritariamente a las derechas, en lo que tal vez acertaran.
En cuanto a la despolitización del ejército, no hubiera sido nada lamentable, pero por desgracia se hizo exactamente lo contrario, como cualquier historiador debiera saber.
Lo mismo con respecto a la "secularización del Estado" Las izquierdas impusieron por rodillo una Constitución no laica, sino anticatólica, es decir, contraria a los sentimientos y creencias de la mayoría de la población, infringiendo de paso diversas libertades básicas, como reconoce el propio Azaña.
Y, en fin, la reforma agraria... Algo extraordinariamente lamentable, por su ridícula extensión y por la carga de demagogia y odio con que fue acometida. Fue uno de los grandes fracasos del primer bienio, y la lectura de Azaña al respecto no le haría ningún mal al señor Cullà.
Y ya, puestos en ese plan, ¿fue lamentable la quema de conventos, bibliotecas y escuelas? ¿Fue lamentable la Ley de Defensa de la República que reducía a poca cosa los derechos ciudadanos? ¿Fue lamentable la insurrección, planteada como guerra civil, del PSOE, los nacionalistas catalanes y otros, en 1934? ¿Fueron lamentables las elecciones de febrero del 36, en un clima de violencia e irregularidades? ¿Fue lamentable el proceso revolucionario extremadamente violento abierto por esas elecciones y el anómalo triunfo del Frente Popular? ¿Fueron lamentables la posterior y arbitraria revisión de actas para reducir a la inoperancia la representación derechista, o la destitución de Alcalá-Zamora, o la liquidación de la independencia del poder judicial?
Por poner unos cuantos problemas sobre los que el señor Cullà podrá, si le apetece, reflexionar larga y espero que provechosamente.
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La democracia ha indemnizado y ayudado a las víctimas del franquismo durante treinta años
http://www.larazon.es/noticias/noti_nac18888.htm
Madrid- Zapatero no puede reescribir la historia, pero tampoco erigirse en defensor único de las víctimas del franquismo. Suárez, González, Aznar... lo hicieron antes sus antecesores. En forma de reales decretos, de decretos leyes, de leyes orgánicas... Desde 1977, distintos gobiernos han intentado resarcir a mutilados de la zona republicana, a ex combatientes, a militares, a funcionarios de españoles fallecidos o represaliados durante la guerra civil. Pensiones vitalicias, asistencia médico-farmacéutica, prestaciones sociales y ayudas varias se han concedido en los últimos 30 años a diferente personal al servicio de la República. Y lo mismo han hecho las Comunidades Autónomas. Navarra, Madrid, Aragón, Asturias, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Canarias y País Vasco han otorgado ayudas a presos del franquismo en función del tiempo de privación de libertad después de la contienda civil. Así, cuando hoy el Consejo de Ministros desvele el contenido de su texto, éste será uno más, nunca el único de la historia de la democracia española con el que se intentó, por justicia y en aras de la concordia, la reinserción o el reconocimiento de quienes formaron parte del bando vencido, de quienes sufrieron periodos de privación de libertad en prisiones infectas o de quienes, desde la clandestinidad, lucharon por el retorno de las libertades democráticas. Éstos son algunos de los textos aprobados en 30 años: ? Anulación de sanciones. El decreto 3357/1975 declaró revisadas de oficio y anuladas todas las sanciones administrativas acordadas de conformidad con lo que establecía la ley de 10 de febrero de 1939, de responsabilidades políticas, que en-causó a centenares de catedráticos. ?Funcionarios de Corporaciones y servicios públicos. El decreto 840/1976 extendió las medidas del indulto adoptadas con motivo de la proclamación de Su Majestad El Rey, y declaró revisadas de oficio, y anuladas en consecuencia, las sanciones administrativas de la ley de 1939. El texto afectó a funcionarios de corporaciones y a empresas públicas. ?Aministía. Con la ley 46/1977 fueron graciados todos los actos de intencionalidad política. Delitos de rebelión o sedición, así como los tipificados en el Código de Justicia Militar fueron indultados. La amnistía de 1977 dejó sin efecto las resoluciones judiciales y actos administrativos o gubernativos que hubieran ocasionado despidos, sanciones, limitaciones o suspensiones de los derechos activos o pasivos de los trabajadores por cuenta ajena, y se restituyó a los afectados todos los derechos que tuvieran en el momento de aplicación de la misma. El Estado corrió a cargo de las cotizaciones de Seguridad Social y mutualismo laboral. ?Sueldos para militares del Ejército republicano. El Real Decreto 6/1978, de 6 de marzo, reguló la situación de los militares profesionales que tomaron parte en la guerra civil, en el Ejército republicano. Oficiales, suboficiales, incluso alumnos de las academias militares que hubieran ingresado antes de julio de 1936 en las Fuerzas Armadas o fuerzas de orden público tuvieron derecho a una pensión. También sus viudas y sus huérfanos. Posteriormente, en 1980, una ley extendería el derecho a todos aquellos que antes del 36 estuvieron reenganchados en algún cuerpo militar o fueron miembros del escuadrón de escolta del presidente de la República. ?Viudas e hijos de fallecidos en la guerra. La ley 5/1979 reconoció el derecho a una pensión para quienes hubieran fallecido durante la contienda en acción bélica, tuvieran o no la condición de combatientes. También para quienes fueron condenados, protagonistas de acción violenta o privados de libertad y para quienes desaparecieron en el frente o en otro lugar. El texto otorgó el derecho a la pensión a las viudas y, en su defecto, a los hijos incapacitados, hijas solteras o viudas y los padres. La acción protectora incluía pensiones vitalicias de viudedad y de orfandad, además de asistencia médico-farmacéutica. ?Mutilados ex combatientes de la zona republicana. Ya en 1976, se habían concedido unas primeras pensiones para mutilados, que fueron mejoradas por dos Reales Decretos de 1978. Pero la Ley 35/1980 se esforzó en prestar especial atención a los mutilados absolutos o permanentes, y en lograr el máximo de ayudas económicas, sanitarias y asistenciales a todos ellos. La retribución se estableció inicialmente en 345.600 pesetas anuales, más dos pagas extra de 28.000 pesetas. ?Carabineros. La ley 37/1984 de 22 de octubre aprobó, ya con el primer Gobierno de González, distinciones y una pensión de dos mensua
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PASAJES DE LA HISTORIA DE ESPAÑA
La república relámpago
Por Fernando Díaz Villanueva
Pocos regímenes políticos han sido tan fugaces, insólitos y desmadrados como el de la Primera República española. Se proclamó un 11 de febrero y, tras poco más de diez meses, el 3 de enero del año siguiente, el general Pavía le puso punto y final irrumpiendo a caballo en el Congreso de los Diputados.
En ese periodo cupo de todo menos la normalidad. Cuatro presidentes, incontables sublevaciones, huelgas obreras, una guerra carlista, otra en Cuba, el cantón de Cartagena y, como guinda final, una Constitución Federal que nunca vio la luz. Pocas veces España vivió tan rápido y dilapidó tantas energías como en aquellos frenéticos meses de 1873.
Tenemos en este país nuestro cogido el gusto a revolverlo todo sin saber muy bien qué es lo que vamos a poner después. Eso es lo que pasó cuando, en 1868, una conspiración largó del trono a Isabel II. La reina, que estaba en San Sebastián de veraneo, no hizo mucho por conservar la corona. En Madrid la reclamaba el Gobierno para ponerse al frente de las tropas leales, pero, para evitar habladurías, le pidió que viajase sin su querido, Carlos Marfori. Eso sí que no, se dijo a sí misma: la vida no tenía sentido sin ese granuja aventurero a quien había hecho ministro, de manera que pidió que la condujesen al exilio. Con Marfori, claro.
Cuentan que, cuando abandonaba San Sebastián, una multitud se agolpó al paso de la carroza real guardando un silencio sepulcral. La reina chata, que sentía auténtica debilidad por el pueblo llano, miró compungida por la ventanilla y exclamó: "Siempre creí tener más raíces en España". Raíces no había echado, pero entre unas cosas y otras había reinado 25 años. Un cuarto de siglo en que se dieron cita cuarenta gobiernos diferentes, tres espadones, varios cuartelazos, una infinidad de amantes y otra, algo menor, de partos. Tenía sólo 38 años, y los ojos azules más bonitos de todas las reinas de España: claros como el cristal, casi translúcidos.
El problema que tenían los que se habían cargado a Isabel era que carecían de repuesto, y, lógicamente, con buena voluntad y mucha ilusión no se gobierna un país. La Revolución Gloriosa la habían organizado un grupo de militares y políticos que difícilmente alcanzaban a entenderse entre ellos. Al final, entre soflamas patrióticas, constituyeron un directorio cuya presidencia recayó en Francisco Serrano. Con tratamiento de alteza, eso sí. Los miembros del Gobierno provisional, para no caer en errores pasados, decidieron hacer primero la Ley y luego buscarse un soberano que la jurase y respetase.
No fue tarea fácil. Juan Prim, que era el presidente del Gobierno, desesperado por no dar con un príncipe europeo que aceptase la corona española conforme a los términos en que se ofrecían, llegó a decir: "¡Encontrar un rey democrático en Europa es tan difícil como encontrar un ateo en el cielo!".
Algo de razón no le faltaba. Uno de los candidatos era Alfonso de Borbón, el hijo de la reina, pero fue desechado rápidamente por eso mismo, por ser un borbón. Se habían tomado en serio lo de no tropezar dos veces con la misma piedra.
Las pesquisas del Gobierno no dejaban indiferente al pueblo. A uno de los candidatos, Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, los madrileños, a quienes siempre se les ha dado fatal hablar alemán, le rebautizaron como Leopoldo Olé-Olé si me eligen. Y no le eligieron.
El directorio se decantó por un príncipe italiano, Amadeo de Saboya, que era incoloro, inodoro e insípido. Llegó apadrinado por Prim, pero, días antes de poner el pie en la Corte, a Prim le cosieron a tiros en la calle del Turco. Un gafe, vamos.
El reinado de Amadeo duró lo que duran las cosas que se hacen sin demasiado convencimiento. El turinés venía con buenas intenciones, pero entre que no sabía gobernar y que no le dejaron, terminó hartándose y de un calentón dimitió, a los dos años y pico. Amadeo era de carácter afable y muy bien dispuesto, pero un país como éste le venía grande. Tuvo que aprender español apresuradamente, y su cultura no era muy amplia, especialmente en lo que tocaba a España. Tras jurar en el Congreso, alguien –probablemente un ministro pelota– le indicó que la casa de Cervantes estaba muy cerca. Amadeo fingió sorpresa y respondió: "Aunque no haya venido, iré pronto a saludarle". Alguien tan ingenuo no podría jamás prosperar en España.
La abdicación del rey se produjo el 11 de febrero de 1873 por la mañana. Esa misma tarde, el Parlamento era un hervidero de intrigas. Los republicanos, que se habían mojado en lo de 1868, veían que una oportunidad como ésta no se les iba a volver a presentar. Emilio Castelar, uno de ellos, subió al estrado y enhebró un discurso magistral:
"Señores, con Fernando VII murió la monarquía tradicional; con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria; con la renuncia de don Amadeo de Saboya, la monarquía democrática; nadie ha acabado con ella, ha muerto por sí misma; nadie trae la República, la traen todas las circunstancias, la trae una conjuración de la sociedad, de la naturaleza y de la Historia. Señores, saludémosla como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra patria".
Encendidos aplausos, algún "bravo" y se procedió a votar el primer Gobierno del nuevo régimen. De este modo tan prosaico llegó la Primera República. En el siglo XIX las cosas se hacían de otra manera.
El elegido como primer presidente fue Estanislao Figueras, un político barcelonés metido en años que no había dado pie con bola en la época de Isabel II. Al día siguiente de su nombramiento comenzó el incendio. En Montilla, un pueblo de Córdoba, los campesinos, creyéndose que todo el monte era orégano, se levantaron contra el cacique local, el alcalde, y lo que entonces se conocía como fuerzas vivas: a todas les dieron una buena ración de palos, cuando no matarile.
En el otro extremo, en Barcelona, estalló un motín mucho más grave. Los llamados republicanos federales –muy numerosos en la Ciudad Condal– trataron de proclamar un Estado catalán que después, y si les venía bien, se federaría con la República. Tan feo se puso aquello que Figueras tuvo que trasladarse personalmente a Barcelona y reprimir la asonada por la fuerza.
El país se estaba transformando en un frenopático donde cada uno hacía lo que le venía en gana, por lo que se disolvieron las Cortes, para que el llamado a las urnas tranquilizase el ambiente y remitiese la incertidumbre. Pero, lejos de remitir, al mes siguiente, en abril, unos cuantos militares, acaudillados por el almirante Topete, uno de los héroes de la Gloriosa, trataron sin éxito de hacerse con el Gobierno por las malas.
Aquello ya no había quien lo aguantase, y el 13 de mayo, sin apenas campaña electoral, se celebraron las elecciones. Fueron posiblemente los comicios con la participación más baja de nuestra historia. En Cataluña sólo votó el 25% del electorado; en Madrid no mucho más: un mísero 28%. Pasado el trámite electoral, las nuevas Cortes volvieron a reunirse, con la peculiaridad de que eran un tanto anómalas: sólo representaban al republicanismo federal, cuyos candidatos habían sido casi los únicos que consintieron presentarse.
Figueras, que había aguantado el tipo durante cuatro meses, sospechó que, con esos mimbres, lo peor estaba por llegar. Dimitió con mucho disimulo, tomó un tren a escondidas y se fue a Francia, pero por el paso de Canfranc, para que nadie le siguiese. Su diagnóstico no podía ser más certero: se iba de un país donde estaban "los ánimos agitados, las pasiones exaltadas, los partidos disueltos, la Administración desordenada, el Ejército perturbado, la guerra civil en gran pujanza y el crédito en gran mengua". No es necesario añadirle nada, porque esa era, tal cual, la situación en el mes de junio.
El sucesor de Figueras fue otro catalán, Francisco Pi y Margall, un republicano pertinaz e incansable, discípulo de Proudhon y muy inclinado a las elucubraciones teóricas. Había concebido un nuevo modelo federal para partir de cero inspirándose en un pacto sinalagmático (sic) entre los diversos territorios del Estado. Como quería ver sus ideas llevadas a la práctica lo antes posible, se entregó con deleite al debate parlamentario sobre la nueva Constitución republicana.
El debate fue muy provechoso. Los legisladores elaboraron un soberbio proyecto que nunca llegaría a ser aprobado. Los españoles, por lo demás, iban a lo suyo, ajenos a las proudhonianas disquisiciones en las que parecía tan interesado el presidente.
Con los calores del mes de julio el país enloqueció por completo. Los acontecimientos se precipitaron con una celeridad asombrosa. El 30 de junio el ayuntamiento de Sevilla acordó transformarse en República Social. Una semana más tarde, en Alcoy se desató una ola de asesinatos y ajustes de cuentas al calor de una huelga revolucionaria. Era sólo el aperitivo.
El 12 de julio se produjo la sublevación de la base naval de Cartagena, instalándose en Murcia una Junta Revolucionaria presidida por un tal Antonio Gálvez, conocido como el Toñete. La chispa no tardaría en prender por toda la Piel de Toro. El 13 la insurrección alcanzó Valencia, el 19 Almansa y Cádiz; a finales de mes, lugares tan distantes entre sí como Granada, Salamanca, Córdoba o Castellón se proclamaron cantones independientes. Pi y Margall, superado por la realidad, dimitió, sin entender muy bien qué es lo que pasaba.
Su sucesor sería Nicolás Salmerón, un krausista almeriense y catedrático de Metafísica. Como a esas alturas el horno ya no estaba para bollos, recurrió de inmediato al Ejército, pidiendo a los generales disciplina y resolución. El cúmulo de problemas era tal que sólo enumerarlos daba dolor de cabeza. Más de la mitad del país estaba fuera del control del Gobierno, y de la otra mitad no se podía estar muy seguro. Era imperativo sofocar los levantamientos cantonales de Levante, sin olvidar el rebrote carlista en las Vascongadas y Cataluña.
El pretendiente, Carlos VII, había regresado a España con el advenimiento de la República. El País Vasco y Navarra se sumaron entusiastas a la carlistada (la tercera en medio siglo) y le proveyeron de 25.000 soldados. Para ampliar su base, Carlos juró los fueros catalanes, y las áreas rurales del norte del Principado se subieron al carro.
Los intentos del Ejército por aplacar la sedición fueron estériles. Aprovechando la confusión y el desánimo de las tropas leales, los carlistas cosecharon grandes victorias, como la de Montejurra, la de Abárzuza o el cerco de Bilbao. En esto de tomar Bilbao los carlistas eran de ideas fijas. Nunca lo consiguieron.
Los cantones de Levante fueron rindiéndose a lo largo del verano, a excepción del de Cartagena, que se había hecho muy poderoso al adueñarse de la Armada. Con los buques de guerra, los acantonados emprendieron expediciones piratas contra los puertos vecinos. La aduana de Torrevieja fue saqueada. Dos fragatas, la Almansa y la Victoria, bombardearon Almería, y cuando se dirigían a hacer lo propio con Málaga un combinado de buques alemanes, franceses y británicos las apresaron, llevándolas hasta Gibraltar para que el Gobierno de la República se hiciese cargo de ellas. Pero los revoltosos tenían más barcos, que emplearon a fondo en bombardear Alicante y en entrar a saco en Valencia. El desmadre nacional.
Salmerón se fijó como empeño primordial Cartagena, convertida en un peligroso y caótico nido de piratas. No llegaría a ver el final. A primeros de septiembre dimitió porque no quería mancharse las manos firmando penas de muerte para dar ejemplo entre los insurrectos cartageneros. Le sucedió Emilio Castelar, el último cartucho de una república herida de muerte.
El brillante parlamentario gaditano pidió al Congreso plenos poderes. Suprimió algunas garantías constitucionales y se concentró en acabar con el desorden. Necesitaba soldados y dinero para atender los tres frentes –el norte, Levante y Cuba–, pero tan negro pintaba todo que nadie concedió créditos al Gobierno. Se vio entonces obligado a imponer empréstitos forzosos a banqueros y empresarios.
En tres meses se enderezó el asunto de Cartagena, y las Cortes volvieron a reunirse. Castelar solicitó de ellas que aprobasen su gestión. No lo hicieron. El presidente pronunció un florido discurso y, al día siguiente, Manuel Campos y Pavía, capitán general de Madrid, entró en el Congreso a caballo, acompañado de la Guardia Civil. El golpe se produjo a las siete y media de la mañana, que ya es madrugar. Algunos diputados salieron en estampida del hemiciclo y se descolgaron por las ventanas. Pavía, sorprendido, preguntó: "Pero señores, ¿por qué saltar por las ventanas cuando pueden salir por la puerta?".
Hasta ahí había llegado la República. Pavía entregó el poder a Francisco Serrano, el mismo que se había hecho cargo de la regencia tras el destronamiento de Isabel II. Un año más tarde, Martínez Campos se pronunció en Sagunto anunciando el regreso de los Borbones en la persona de Alfonso, hijo de la reina.
Seis años después de la Gloriosa se volvía al punto de partida. Con el nuevo monarca las aguas volvieron a su cauce y los ánimos se serenaron; tanto que recibió el sobrenombre del El Pacificador. Entre los escombros humeantes de Cartagena, que se entregó el 11 de enero, nacía la Restauración, un periodo de nuestra historia tan reciente que casi podemos tocarlo con la mano. La República había durado sólo unos meses, y dejó un recuerdo más agrio que dulce. Para habernos matado.
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